Los pequeños músicos no fueron atendidos sino horas más tarde, en un
nosocomio especializado, en donde les informaron que las quemaduras
oculares desaparecerían en unos días, y luego fueron concentrados en
un hotel, en donde padecieron ceguera temporal y dolores por las
quemaduras en la piel.
El imperdonable descuido y el maltrato institucional hacia los
menores no parecen ser, por desgracia, hechos aislados. Cabe
recordar que hace poco más de un año, a finales de mayo de 2008, una
veintena de niños de primaria y secundaria se desmayaron por
insolación combinada con hambre, durante una ceremonia cívica
presidida por el entonces secretario de Gobernación, el extinto Juan
Camilo Mouriño, en el patio central del Palacio de Cobián.
Mucho más trágica resultó la indiferencia y el desdén de los
gobernantes en el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora,
donde 49 niños y niñas han muerto hasta ahora por quemaduras y
asfixiados durante un incendio que, a dos meses, sigue sin ser
plenamente esclarecido, y cuyos responsables institucionales y
empresariales parecen haber gozado, desde entonces, de una lentitud
en la procuración de justicia que se parece mucho al encubrimiento.
En los dos primeros casos mencionados, y en contraste con discursos
oficiales que hablaban de la pertinencia de proteger a los niños del
país y de apoyar y estimular su desarrollo físico e intelectual, los
menores fueron colocados en un entorno inclemente y en un horario a
todas luces inadecuado, acaso para acomodarlos a los huecos de la
agenda de altos funcionarios, o bien utilizados como meros elementos
escenográficos para rituales burocráticos.
En el tercero se evidenció el espíritu mercantilista del programa de
guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual el
bienestar y la seguridad física de los pequeños resultan relegados
ante el afán de procurar oportunidades de negocio para los allegados
al poder y sus familiares.
Resulta inevitable, a la vista de esos episodios exasperantes que
refieren una suerte de maltrato infantil institucionalizado,
percibir un desprecio hacia la población en general por parte del
actual grupo gobernante, percepción que se fortalece si se recuerdan
las historias de desdén, maltrato hospitalario y negación de
atención que, durante la emergencia sanitaria de abril y mayo
pasados, sufrieron pacientes que se presentaron a los hospitales del
sector salud en demanda de tratamiento para la influenza recién
surgida.
La indiferencia se confirma si se realiza un rápido repaso de la
indolencia, la tardanza y la insuficiencia con que ha actuado el
gobierno federal ante la crisis económica mundial que, precisamente
por eso, adquirió, en nuestro país, proporciones y profundidad mucho
más graves que en otras naciones.
La irresponsabilidad y la frivolidad con que fueron tratados los
jóvenes integrantes de la orquesta sinfónica el sábado pasado,
constituyen conductas inaceptables y sus consecuencias no deben ser
minimizadas en virtud del hecho, ciertamente afortunado, de que los
daños físicos sufridos por los menores no hayan tenido, al parecer,
consecuencias mayores. Por el contrario, si no se desea confirmar la
percepción social arriba mencionada, debe ofrecerse a la sociedad
una explicación puntual sobre lo ocurrido y deslindar las
responsabilidades que correspondan entre los funcionarios que
organizaron un acto tan desatinado.
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